¿QUÉ FORMA HA DE TENER EL COMPLIANCE OFFICER?

Que deba existir en la empresa un agente de cumplimiento normativo encargado de la supervisión y control del programa de cumplimiento penal es algo evidente a estas alturas, pero ¿qué forma debe tener este órgano?, ¿ha de tener funciones exclusivas o no tiene por qué?, ¿se trata de un órgano interno forzosamente o puede ser externo a la empresa?

El Código Penal no aclara si el Compliance Officer (CO) debe ser un órgano colegiado o unipersonal. Cuando se refiere a él, habla de “un órgano de la empresa”, por lo que da cabida a ambas formas. Será, por tanto, la empresa, la encargada de decidir si opta por un órgano unipersonal o por uno colegiado. El órgano unipersonal tiene las ventajas funcionales de hacer más sencilla y ágil la toma de decisiones, y el órgano colegiado disfrutará de las ventajas de estar formado por especialistas de diferentes disciplinas, abarcando un mayor conocimiento de la empresa.

Tampoco aclara el texto penal si el CO debe estar dedicado en exclusiva a esa labor o sus funciones pueden sumarse a las que ya tienen otros órganos. Ya comentamos en la entrada anterior del blog (escrita por D. José Ramón Sáez) que en las empresas obligadas a disponer de Comisión de Auditoría, estas funciones las podría asumir dicha Comisión o incluso compartirlas con el CO. Por otro lado, también se podría encomendar esta función al responsable de Auditoría Interna, pues la Norma Internacional de Auditoría 610: Utilización del Trabajo de los Auditores Internos, adaptada para su aplicación en España, establece entre sus funciones, la revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y la gestión del riesgo y gobierno de la entidad (actividades que coinciden con las de un compliance penal).  Por tanto, podrá ser un órgano exclusivo o con funciones en otros ámbitos, aunque dirá más de la credibilidad de la empresa el que dicho órgano se dedique en exclusiva a las funciones de cumplimiento normativo.

Sólo quedaría estudiar si el CO tiene que ser un órgano interno o puede ser alguien ajeno a la empresa. Aparentemente nada se opone a que el servicio se externalice, si bien la sensación que transmite la regulación de la Ley es que el legislador está pensando en un control interno, encomendado a personal de la propia empresa. Ello no obsta a que la empresa decida incorporar a este órgano interno a una o varias personas externas que ayuden a garantizar la independencia del órgano y a complementar los conocimientos específicos para esta labor.

En definitiva, será la empresa la que decida específicamente la estructura del CO, pero es obvio que ésta debe tomarse muy en serio la designación de la persona o personas a las que va a encomendar estas tareas, buscando un perfil alto, porque de ello depende mucho la credibilidad de la empresa de cara a un juez, al que no le bastará un mero papel que asegure que hay alguien realizando estas funciones, sino que comprobará que ese órgano es el idóneo para ello.

 

Mª Inmaculada Sánchez Jiménez (Abogada)

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