¿ES EL COMPLIANCE OFFICER EL ÚNICO ENCARGADO DE CONTROLAR Y SUPERVISAR EL MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS?

Si bien está claro que el artículo 31.bis.2.2ª hace referencia a la figura del compliance officer o agente de cumplimiento normativo, desde que se publicaron las primeras redacciones de la reforma, los profesionales del sector nos estábamos preguntando a qué se refería la segunda parte de dicho artículo, al aludir al órgano que tuviese encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.

(Recordemos que dicho artículo reza lo siguiente:

“2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica”)

Y la respuesta nos la ha dado recientemente el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, que extiende la obligación de disponer de una Comisión de Auditoría a las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea de más de 200 millones de euros o tengan más de 1.000 empleados (entre otras).(*)

Esta comisión es precisamente a la que se refiere el artículo 31.bis.2.2ª C.P. reformado, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que la Comisión de Auditoría puede compartir o incluso sustituir las funciones y responsabilidades del Compliance Officer, pues ambos tienen el mismo acometido respecto a la supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos.

(*)Concretamente se refiere a que tendrán esta obligación las entidades de interés público, estableciendo que tendrán tal consideración las que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados. Por el momento, el actual Reglamento del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas atribuye la consideración de entidades de interés público a las empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios o plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 200.000.000 de euros o a 1.000 empleados, respectivamente.

JOSÉ RAMÓN SÁEZ NICOLÁS  (Economista)

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